Comunicado Iván Cepeda Castro
Anuncio a la opinión pública que en el día de hoy he formulado una denuncia contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira que se sustenta en los siguientes hechos y argumentos:
1.El 24 de noviembre de 2019, el periodista Daniel Coronell publicó en la revista Semana, una columna titulada “¿La paz chuzada?” en la que se afirma que dos exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación denuncian haber participado en presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales que el exfiscal Martínez Neira habría ordenado realizar en mi contra, en contra del jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las FARC-EP, Humberto de la Calle, del exministro Álvaro Leyva, de los asesores jurídicos de las Farc, abogados Enrique Santiago y Diego Martínez, y de la exsenadora Piedad Córdoba. Asimismo, el pasado 28 de noviembre, también en esa revista, la periodista María Jimena Duzán publicó un artículo titulado “Los explosivos señalamientos de interceptaciones ilegales que salpican a Néstor Humberto Martínez”, en el que se suministran nuevos datos sobre esa presunta acción ilegal.
- Con el conocimiento personal y la expresa autorización del entonces presidente de la República Juan Manuel Santos, desde finales de 2012 fui facilitador de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; desde mediados de 2014 cumplí ese mismo papel en los diálogos con el ELN, y a partir 2016 realicé también tareas de facilitación para el sometimiento a la justicia del llamado ‘Clan del Golfo’.
De todas estas labores tuvo conocimiento el exfiscal Martínez Neira, quien con relación a la desmovilización del ‘Clan del Golfo’ estuvo a cargo de adelantar diversas reuniones con el fin de examinar las condiciones jurídicas requeridas para ese propósito; encuentros a los que asistí junto a los voceros de esa organización y a la abogada de algunos de sus líderes, Consuelo Parra.
- Ante informaciones periodísticas que indicaban que la Fiscalía General de la Nación venía adelantando una investigación en la que se presumiría que yo estaría buscando la no extradición de miembros de organizaciones criminales al amparo de las normas de implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, y ante la aseveración del exfiscal Martínez Neira hecha en el Senado de la República acerca de que alguien habría utilizado el trámite de la Ley Estatutaria de JEP para introducir un “articulejo” que favorecería a organizaciones del narcotráfico, el 26 de abril de 2019 dirigí un derecho de petición al entonces fiscal general preguntando si se adelantaba en mi contra alguna clase de indagación, a lo que él respondió: “No es cierto que exista investigación alguna”. De este modo, quedó desvirtuada esta falaz acusación y esta nueva campaña difamatoria en mi contra.
- No obstante, los exfuncionarios de la Fiscalía, Fabio Augusto Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora, sostienen que al parecer el fiscal Martínez Neira no solo ordenó las interceptaciones -utilizando una investigación adelantada contra miembros del ‘Clan del Golfo’- sino ordenó vigilancias y seguimientos dentro y fuera del país, y recibía informes sobre los resultados de esas actividades ilícitas a través del brigadier general (r) Luis Alberto Pérez Alvarán, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI.
- Los dos exfuncionarios señalan que podrían corroborar estos hechos, mediante pruebas testimoniales y documentales, suministran números de radicación de procesos en los que se hallaría evidencia que respalda sus afirmaciones, e igualmente solicitan ser escuchados en declaración.
- Los presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales, en mi caso en particular, se habrían llevado a cabo sin orden judicial, por cuanto por mi fuero constitucional solamente se hubieran podido realizar por orden de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo pautado en el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución Política.
- Por estas razones, formulo denuncia contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones (artículo 192 de la ley 599 de 2000), violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial (artículo 196 de la ley 599 de 2000), interceptación de datos informáticos (artículo 269C de la ley 599 de 2000), violación de datos personales (artículo 269F de la ley 599 de 2000), concierto para delinquir (artículo 340 de la ley 599 de 2000), y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (artículo 416 de la ley 599 de 2000) y solicito se me reconozca dentro de las investigaciones, como parte civil, en calidad de víctima. Asimismo, he exhortado a la Fiscalía General de la Nación para que en la investigación que inició por estos hechos se me reconozca también la condición de víctima.
- Es evidente que de ser cierta toda esta información, se pondría al descubierto una infame campaña que habría tenido por propósito entorpecer la implementación del Acuerdo Final y hacer fracasar el proceso de paz, así como obstruir el proceso de sometimiento a la justicia y la desmovilización del llamado ‘Clan del Golfo’.
Iván Cepeda Castro
Bogotá D. C., 2 diciembre de 2019.