Piden a Comisión Interamericana de DD.HH. medidas cautelares para 25 mil internos de 10 cárceles por riesgos con Covid-19

  • La solicitud fue presentada por el senador Iván Cepeda y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
  • Se advierte sobre los altos niveles de hacinamiento y de carencias de servicios básicos en 10 centros de reclusión del país y la ausencia de medidas efectivas del Estado.
  • Este martes, en Comisión Segunda, el senador Iván Cepeda le reiteró a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, la necesidad urgente de atender esta grave situación.

Bogotá, 21 de abril de 2020.- La dramática situación de hacinamiento en diez cárceles del país y los riesgos de contagio del Covid-19 para más de 25 mil personas privadas de la libertad, fueron expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares que permitan que el Estado colombiano tome medidas que protejan la vida de esas personas.

La petición fue presentada por el senador Iván Cepeda y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). En la solicitud denuncian la adopción de medidas insuficientes e inmediatas para prevenir el contagio del virus COVID-19, además de la vulneración sistemática de derechos humanos en estos centros penitenciarios que registran un hacinamiento superior al 50%.

“Las diez cárceles sobre las que pedimos medidas cautelares están en Bogotá, Medellín, Villavicencio, Jamundí (Valle), Santander y Chocó que tienen más de 25.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 2.453 son mujeres”, señaló Iván Cepeda.

Durante la sesión en Comisión Segunda del Senado, a la que fue citada la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el senador Cepeda le reiteró la necesidad urgente de atender esta grave situación con medidas efectivas.

A la CIDH se enviaron documentados 45 casos de personas privadas de la libertad en riesgo inminente, se ilustraron, además de las condiciones de los centros de reclusión en Colombia, en donde se carece de servicio continuo de agua potable, de elementos de aseo y de alimentación adecuada.

Asimismo, el documento incluye cifras del Ministerio de Justicia, según las cuales 16.265 personas hacen parte de la población vulnerable y de alto riesgo. Hay 982 mayores de 70 años, 88 madres gestantes, 4.468 con patología mental, 754 con VIH-SIDA, 22 con cáncer, 1.307 con diabetes mellitus 1.307 y 4.354 con hipertensión arterial.

Señala que el reciente Decreto 546 de 2020, que regula las excarcelaciones, permitiría la detención domiciliaria transitoria de apenas 4.000 personas, insuficiente para los 43.342  internos que superan el cupo establecido en los centros penitenciarios.

En total, son 14 peticiones concretas, que incluyen suministrar elementos de primera necesidad, habilitar canales de comunicación permanentes de los internos con sus familiares y establecer sesiones mesas virtuales a nivel nacional con las personas privadas de la libertad para evitar protestas, mejorar la comunicación con ellos y mitigar la ansiedad, la desinformación y el miedo.