BOGOTÁ, 04/03/2016. Iván Cepeda, Alberto Castilla, y Alirio Uribe del Polo Democrático Alternativo, y Ángela Robledo e Inti Asprilla, de la Alianza Verde, junto a integrantes de la Cumbre Agraria y otros ciudadanos, radicaron ante la Corte Constitucional la demanda de forma y de fondo contra la Ley 1776 de 2016, conocida como la Ley de Zidres.
Los principales argumentos de la demanda se centran en una presunta afectación a la ley de baldíos, al introducir, según los demandantes, medidas regresivas en torno a la garantía del derecho a la territorialidad campesina, especialmente en cuanto dispone la entrega de bienes baldíos de la nación a personas indeterminadas para el desarrollo de proyectos dentro de las denominadas zonas Zidres, y permitiendo la acumulación de tierras originalmente adjudicadas como baldíos.
Otro aspecto demandado es el que tiene que ver con una presunta imposición de un modelo de asociación a los campesinos. Los demandantes afirman que la figura de asociación mediante la cual se proponen alianzas entre campesinos y empresarios, resulta inconstitucional por violar varios derechos del campesinado, entre los que se cuentan el derecho a la libre asociación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libre escogencia de profesión u oficio, el derecho al territorio campesino y la dignidad humana.
Los congresistas demandantes también recalcaron la posible vulneración de los derechos constitucionales de participación ciudadana y de la potestad que tienen los municipios de definir el ordenamiento de los usos del suelo, entre otros.