Los garantes y miembros del Congreso conocemos y apoyamos los esfuerzos de la Asociación de campesinos del Catatumbo Ascamcat, por proteger los derechos de los campesinos y las alternativas que plantean para un proceso de sustitución de cultivos ilícitos.
Los garantes reconocemos el informe de la ONU sobre aumento de cultivos ilícitos en todo el país, pero también rechazamos la estrategia de fumigación que se ejecutaría a partir de agosto. Pedimos al Gobierno que sea coherente con la decisión tomada de dar por terminadas las fumigaciones, por sus efectos nocivos contra la salud de las personas y los animales, y el envenenamiento de los suelos. La fumigación en el Catatumbo traería una reacción generalizada en la región que llevaría a un paro con grandes costos sociales y económicos, que fácilmente se extendería por todo el país.
Es necesario que el Gobierno Nacional, al “desescalar” la guerra con la insurgencia, acepte seriamente la democracia directa de la protesta social, y no entre en un proceso de “escalamiento” máximo del conflicto social, en el que el Estado use las fuerzas de seguridad contra la protesta, o no dé salida a las demandas de las organizaciones y comunidades. Un paro en el Catatumbo hoy, en protesta contra la fumigación, sería un fracaso de los esfuerzos de concertación de varios años.
Descartada la fumigación, los garantes pedimos que el Gobierno tome en cuenta y contemple implementar la propuesta presentada por los campesinos en la vereda La Angalia del municipio de Tibú, para una sustitución gradual de cultivos ilícitos, de tal manera que sea la alternativa a la erradicación forzada.
Los garantes invitamos a Ascamcat y a las organizaciones campesinas del Catatumbo a acrecentar las iniciativas pedagógicas concretas, como la de La Angalia, para que la región pueda entrar pronto a un proceso de desarrollo rural que asegure la dignidad de todos sus habitantes y su sostenibilidad, como lo plantean los preacuerdos de La Habana sobre desarrollo rural integral y política contra el narcotráfico.
Bogotá, 28 de julio de 2015,
Iván Cepeda, senador de la República por el PDA.
Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
S.J. Francisco de Roux.
Angela María Robledo, representante a la Cámara por Alianza Verde.
Alirio Uribe, representante a la Cámara por el PDA.